El País: La información oficial no es secreto de Estado

¿Cuáles fueron las partidas de gasto más significativas de las comunidades autónomas en 2010? ¿A cuánto asciende la deuda global de las Consejerías de Educación en España? ¿Cuál es el número de militares que han resultado heridos en los últimos cinco años? Quizá la respuesta a estas preguntas les parezca información privilegiada. No debería serlo. Al menos si se atiende a la práctica internacional en materia de transparencia administrativa y a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos.

El hecho de que un periodista o un investigador consigan (a veces) este tipo de datos no es una prueba suficiente de la buena fe del sistema, porque derecho a saber implica que cualquier ciudadano pueda radiografiar las actividades de los organismos públicos con relativa facilidad.

Lo defiende el Movimiento 15-M (y cierta dosis de sentido común) en casi todas sus iniciativas. “Desde el tema de la transparencia en relación con los partidos políticos hasta la corrupción”, apunta José Luis Blanco, del grupo de propuestas de Democracia Real Ya.

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